Los proveedores deben asegurarse de que la persona que lleva al niño al centro de cuidado infantil y lo busca en el mismo registre la entrada y la salida del niño. La persona que firma la entrada y salida del niño debe utilizar su firma legal completa y registrar la hora de dejar y recoger al niño. Los proveedores deben conservar las hojas de entrada y salida con las firmas requeridas durante al menos un mes, excepto que, por ejemplo, estén obligados a conservarlas más tiempo según los requisitos de una agencia de subsidios.

Si el padre del niño es deportado y el niño está siendo cuidado por otro cuidador, el cuidador debe firmar la entrada y salida del niño del centro de cuidado infantil. Las hojas de entrada y salida con la firma del cuidador deben ser suficientes para que el proveedor reciba el pago de las agencias de subsidios.

La ausencia de un niño de un programa de cuidado infantil puede ser excusada en el caso que se considere una "emergencia familiar" o cuando la ausencia es "en el mejor interés del niño". Los proveedores de cuidado infantil deben adoptar políticas razonables que describan las circunstancias que califican como ausencias justificadas. Los proveedores deben comunicar estas políticas a los padres.

La decisión de un padre de mantener a su hijo en casa por temor a una redada de inmigración puede considerarse una ausencia justificada. Los padres y proveedores deben tener en cuenta que las ausencias "en el mejor interés del niño" no pueden exceder los diez días por la duración del contrato. Los registros de asistencia siempre deben incluir el nombre del niño, la fecha, la razón específica de la ausencia y la firma del padre o del proveedor si la verificación de la ausencia justificada se hace por teléfono.

A menos que se abandone el cuidado infantil (cuando una familia no ha utilizado el cuidado infantil ni ha estado en comunicación con el proveedor durante siete (7) días calendario consecutivos y no ha notificado al proveedor la razón por la que la familia no está usando los servicios), se debe pagar al proveedor de acuerdo con el plan establecido cuando el padre inscribió al niño por primera vez, independientemente de la asistencia real del niño. Los proveedores deben revisar el manual de su agencia de subsidios para obtener más información y tener en cuenta que puede haber límites sobre la cantidad de ausencias justificadas que la agencia pagará durante cualquier término particular del contrato.

Todos tenemos derechos constitucionales independientemente de nuestro estatus migratorio. Estos derechos también son aplicables a las empresas de cuidado infantil familiar, incluyendo las que ofrecen guarderías subsidiadas por el gobierno federal o estatal. Estos derechos incluyen el derecho a pedir a los agentes de inmigración que se identifiquen, el derecho a guardar silencio, el derecho a documentar y grabar el evento y el derecho a solicitar documentación y denegar la entrada en espacios privados sin una orden judicial. Además, debido a que los proveedores de cuidado infantil familiar operan sus negocios desde sus hogares, que se consideran espacios privados, pueden negar a los agentes de inmigración el acceso a sus hogares si no tienen una orden judicial.

Si un proveedor de cuidado infantil tiene un requisito de aviso de dos semanas para cancelar su contrato y una familia incumple el contrato al no proporcionar un aviso de dos semanas, el proveedor puede intentar hacer cumplir su contrato 1) utilizando un depósito que la familia pudo haber pagado durante la inscripción para cubrir cualquier cuota no pagada (si el proveedor exigió un depósito en virtud del contrato), o 2) escribiendo una carta de demanda a la familia dándole un plazo específico para realizar el pago y luego presentar una demanda de reclamos menores contra la familia si no realizan el pago antes del plazo. Vea más información sobre cómo presentar demandas de reclamos menores aquí.

Los proveedores siempre deben tratar de asegurarse de que todos los niños bajo su cuidado tengan múltiples contactos de emergencia/personas autorizadas para recogerlos. 

Los proveedores que se quedan con un niño más allá de la hora normal de recogida debido a la detención de un padre pueden correr el riesgo de no cumplir con las proporciones de personal y/o los límites de capacidad según la licencia de cuidado infantil del proveedor. Sin embargo, la detención de un padre puede considerarse una emergencia. El proveedor debe comunicarse inmediatamente con su analista de licencias para obtener orientación y presentar un informe de incidente/lesión inusual (formulario de licencia 624B) a Licencias de Atención Comunitaria. 

Una vez que un proveedor haya intentado ponerse en contacto con todas las personas de la lista de contactos de emergencia/recogida autorizada del niño, el proveedor debe documentar la situación para justificar la necesidad de cuidados extendidos de emergencia. La documentación debe incluir el nombre del niño, la fecha y hora en que se requirió el horario extendido y cualquier detalle relevante conocido sobre la detención de los padres. Los proveedores también deben registrar sus esfuerzos para ponerse en contacto con todas las personas autorizadas y contactos de emergencia. Si una cantidad sustancial de tiempo ha pasado sin que se haya contactado con éxito a ningún contacto de emergencia/persona autorizada, el proveedor debe ponerse en contacto con la línea de no emergencia de la agencia local de orden público o los servicios de protección infantil.

Los proveedores deben mantener la calma y brindar tranquilidad a los niños, asegurándose de que estén y se sientan seguros. Los proveedores deben hacer esfuerzos para minimizar cualquier contacto entre los niños y los agentes de inmigración, como guiar a los niños adentro o colocarlos fuera de la vista del agente. Los proveedores deben seguir sus procedimientos establecidos y las políticas escritas para interactuar con los agentes de la ley/de inmigración. Más orientación sobre las interacciones de los agentes de inmigración y políticas de muestra están disponibles aquí. 

Aunque un proveedor de cuidado infantil familiar pueda no ser dueño de su hogar, controla el espacio donde se proporciona cuidado infantil. Un proveedor de cuidado infantil familiar generalmente tiene una expectativa razonable de privacidad en su hogar, lo que significa que un agente de inmigración necesitaría una orden judicial para entrar en el hogar. Si llegan agentes de inmigración, el proveedor debe solicitar ver cualquier orden judicial y seguir los protocolos establecidos para interactuar con la policía. Es importante documentar todas las interacciones con el ICE con tantos detalles relevantes como sea posible.

El Centro de Derecho y Política Social (CLASP, por sus siglas en inglés) ha creado una guía para crear políticas de espacios seguros para los programas de la primera infancia, que se puede encontrar aquí. Los proveedores también deben asegurarse de actualizar la información del contacto de emergencia y de la persona autorizada para recoger a los niños bajo su cuidado y alentar a las familias a crear planes de emergencia para el cuidado de sus hijos.

Los residentes permanentes están obligados a llevar prueba de su estatus migratorio en todo momento, y una tarjeta de residencia sirve como esta prueba. Las personas deben llevar consigo su tarjeta de residencia para protegerse del riesgo de detención o arresto. Disponer de la documentación necesaria puede ayudar a garantizar que las interacciones con los organismos de orden público se desarrollen sin problemas. 

Los proveedores que presentan su tarjeta de residencia y son ignorados deben entregar cortésmente al agente su tarjeta de residencia, enfatizar su estatus legal y preguntar sobre la razón por la cual han sido detenidos y/o cuestionados. Asimismo, informe con calma al agente de que desea permanecer en silencio y de que no da su consentimiento a ninguna búsqueda. Si los problemas continúan, registre el número de placa y el nombre del agente y comuníquese con un asesor legal cuando sea seguro hacerlo.

Puede consultar este recurso y este recurso para preguntas sobre autorizaciones de trabajo y auditorías I-9.

Si un niño tiene un problema médico urgente, el proveedor debe comunicarse inmediatamente con los padres/tutores del niño para notificarles. Si un proveedor tiene el permiso de los padres/tutores, puede buscar atención médica de emergencia para el niño. Este formulario se puede utilizar para obtener permiso para recibir atención médica de emergencia. La Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia  (EMTALA, por sus siglas en inglés) es una ley federal que requiere que los hospitales con departamentos de emergencias examinen a todos los pacientes, independientemente de su estatus migratorio, para determinar el curso apropiado para el tratamiento. Si el hospital encuentra que el niño tiene una condición médica de emergencia, debe brindarle el tratamiento necesario u organizar un traslado seguro a otro centro. El objetivo de la EMTALA es garantizar que todos tengan acceso a los servicios médicos de emergencia necesarios.

Los proveedores con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés), aquellos que tienen capacidad limitada para hablar, leer, escribir o entender el inglés, pueden tener derecho a asistencia lingüística. La designación de un proveedor como LEP depende del contexto. Los agentes de inmigración pueden determinar que un proveedor tiene conocimientos suficientes del idioma inglés para funcionar en un entorno, pero no en otro.

Los servicios de acceso a idiomas se definen como "servicios de idioma oral y escrito para permitir que las personas con LEP se comuniquen de forma eficaz con el personal para obtener acceso a participar plenamente en los servicios, actividades u otros programas administrados por los agentes de inmigración". Es la política de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) proporcionar estos servicios a "miembros del público que están buscando acceso a los programas, actividades y servicios del ICE; individuos con LEP sujetos a acciones de aplicación del ICE; individuos con LEP bajo custodia del ICE, e individuos con LEP que el ICE busca proteger”. 

"El ICE LAP se aplica a las funciones de la Agencia en las que los empleados del ICE interactúan con miembros del público, personas involucradas en interacciones policiales, personas detenidas bajo custodia del ICE y personas sujetas a requisitos de presentación de informes al ICE  (por ejemplo, órdenes de libertad bajo palabra, órdenes de supervisión), incluyendo las víctimas y los testigos en las investigaciones de HSI. Esto incluye, pero no se limita a, sitios web, blogs, medios sociales, correo electrónico, teléfono y contacto en persona”.

Los centros de detención del ICE deben proporcionar información a todos los detenidos en un idioma o forma que puedan entender durante todo el proceso. Los detenidos también tienen acceso a servicios profesionales de interpretación y traducción y personal bilingüe para facilitar la comunicación. La mayoría de los materiales escritos se traducen al español, así como a otros idiomas destacados entre la población con un dominio limitado del inglés. Los detenidos tienen derecho a la interpretación oral cuando el material escrito no está traducido a su idioma o en casos de analfabetismo.

Si los agentes de inmigración llegan, con o sin una orden, los proveedores de cuidado infantil tienen el derecho a permanecer en silencio. Para invocar este derecho, indique claramente: “Quiero permanecer en silencio y hablar con un abogado”. En ese momento, los agentes de inmigración deben detener cualquier interrogatorio. Es importante permanecer en silencio y no reanudar la conversación después de invocar este derecho, ya que al hacerlo puede renunciar a él sin querer.  

Los proveedores tienen derecho a consultar con un abogado cuando están “en custodia”, es decir, cuando no pueden salir libremente. Esto incluye situaciones en las que un proveedor es detenido para ser interrogado o arrestado. En estas circunstancias, los proveedores tienen derecho a tener un abogado presente durante cualquier interrogatorio. Tenga en cuenta que el gobierno no está obligado a proporcionar un abogado gratuito a las personas detenidas/ individuos en los procedimientos de inmigración. Algunos proveedores de servicios legales sin fines de lucro como CHIRLA, CARECEN, Immigrant Defenders y Public Counsel pueden proporcionar servicios gratuitos.

La REAL ID afecta principalmente los viajes aéreos y el acceso a instalaciones federales seguras como juzgados federales y bases militares. Las familias o proveedores que necesiten viajar en vuelos nacionales deben obtener una REAL ID. Los proveedores y las familias pueden solicitar una REAL ID en una sucursal local del DMV presentando prueba de identidad y residencia en California, así como su número de seguro social. Los residentes indocumentados de California que tienen una licencia de conducir AB 60 no son elegibles para una licencia de conducir o tarjeta de REAL ID.  

Es poco probable que la REAL ID tenga un impacto directo en los proveedores de cuidado infantil o las familias que buscan servicios de cuidado infantil. Los proveedores deben asegurarles a las familias que aún pueden inscribir legalmente a sus hijos en el cuidado infantil incluso sin una REAL ID. Una licencia de conducir u otra forma de identificación, incluyendo una licencia AB 60, es suficiente para que las familias inscriban a sus hijos en programas de cuidado infantil.

Los agentes del orden público y de inmigración solo pueden entrar en espacios privados con una orden judicial. Si los agentes de inmigración llegan a un hogar de cuidado infantil familiar, el proveedor debe evitar abrir la puerta a menos que los agentes tengan una orden judicial. De acuerdo con la política del centro de cuidado infantil, la persona autorizada para hablar con los agentes de inmigración puede pedir a los oficiales que deslicen cualquier orden que puedan tener debajo de la puerta o mostrar la orden de inspección sin requerir que se abra la puerta. 

Las órdenes judiciales son órdenes de registro y/o detención que deben ser emitidas por un tribunal federal y firmadas por un juez para ser válidas y ejecutables bajo la Cuarta Enmienda. Si bien los documentos utilizados para los registros y las detenciones en el hogar y en el lugar de trabajo son generalmente los mismos, la información requerida para la entrada legal puede diferir. Por ejemplo, debido a que las personas tienen una mayor expectativa de privacidad en los hogares que en los lugares de trabajo, la orden para un lugar de trabajo puede permitir búsquedas más amplias. En particular, las órdenes judiciales para lugares de trabajo pueden extenderse a los registros comerciales, información de empleados o archivos de clientes. Debido a que los hogares tienen derecho a una mayor protección que los lugares de trabajo, las órdenes de registro deben ser más específicas sobre la información o los elementos de interés. También recuerde que una orden judicial de arresto por sí sola no da a los agentes de inmigración la autoridad para entrar en el hogar o negocio de un tercero para hacer un arresto. 

Las órdenes administrativas no son órdenes judiciales. Una orden administrativa será firmada por un oficial de inmigración en lugar de un juez. Estas no dan a los agentes de inmigración el derecho a entrar en áreas privadas. Estas pueden ser utilizadas en público para detener a la persona nombrada en la orden. Los oficiales del ICE que solo poseen órdenes administrativas no pueden entrar en el hogar de un proveedor de cuidado infantil familiar sin el consentimiento del proveedor.

Busque: 

• ¿Quién emitió el documento?

• ¿Autoriza un registro del centro? ¿Qué autoriza?

• ¿Ha expirado? ¿Han transcurrido más de 14 días desde su firma?

• ¿Está firmado por un juez y no por un funcionario de inmigración?

Si la orden está firmada por un oficial de inmigración o un agente del Departamento de Seguridad Nacional y no un juez, no es una orden judicial válida. Si está firmada por un juez, verifique que la firma del juez esté escrita directamente en la página y no sea estampada o creada usando una fuente de computadora. Asegúrese de que la firma coincide con el nombre impreso debajo. Una orden judicial válida debe enumerar las fechas de emisión y expiración. Por último, confirme que la orden judicial es legible, está bien formateada e incluye información sobre el/los lugar(es) a registrar y/o los artículos o personas a incautar.

Para obtener más información sobre la identificación de órdenes judiciales y citaciones, consulte este recurso.

Los proveedores a los que se acerquen los agentes de inmigración mientras están en la calle deben:

• Mantener la calma.

• Informar al agente que desea permanecer en silencio.

• Preguntar si puede irse.

  • Si el agente dice que el proveedor es libre de irse, el proveedor puede abandonar la zona con calma.

  • Si el agente dice que el proveedor no es libre de irse, el proveedor debe negarse cortésmente a responder cualquier pregunta y pedir hablar con su abogado.

• Abstenerse de mostrar la documentación a menos que el proveedor sea abordado mientras conduce, bajo arresto legal o no sea ciudadano.

  • No presente información falsa.

• Evite firmar cualquier documento sin la presencia de un abogado.  

• Anotar toda la información pertinente sobre la interacción. 

Los proveedores a los que se acerquen los agentes de inmigración mientras están con niños también deben: 

• Asegurarse de que el niño esté seguro.

• Asegurar al niño que la situación se está manejando.

• Informar al agente que desean permanecer en silencio y que tendrían que ponerse en contacto y obtener el permiso de los padres/tutores del niño antes de que el agente proceda con cualquier interrogatorio del niño.

Si bien el gobierno de Trump ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, en lugar de órdenes judiciales, para deportar a personas sospechosas de actividades de pandillas, estas deportaciones han sido objeto de impugnaciones legales ante los tribunales. En la actualidad, los tribunales federales están bloqueando al gobierno para que no invoque esta ley para llevar a cabo deportaciones.